Pablo Aranda, jefe del Departamento de Estudios y Proyectos de la Defensoría Penal Pública e integrante del comité de Proyecto Inocentes, aborda la prisión preventiva y absolución, los errores investigativos y las dificultades para reparar el daño del encierro.
La prisión preventiva y absolución centran esta entrevista con Pablo Aranda Aliaga, quien advierte sobre errores investigativos y demoras que pueden prolongar el encierro.
Aranda es jefe del Departamento de Estudios y Proyectos de la Defensoría Penal Pública e integrante del comité de Proyecto Inocentes.
Desde esa experiencia, identifica investigaciones sesgadas, errores en las primeras diligencias, problemas en la defensa y denuncias falsas entre los factores presentes en estos casos.
A ellos se suman dificultades investigativas y periciales que pueden prolongar una causa y, con ella, el tiempo que una persona permanece privada de libertad.
En conversación con Prisión sin culpa, Aranda aborda las razones que pueden llevar a una persona inocente a permanecer en prisión preventiva, cuestiona las consecuencias de superar los 100 días de encierro antes de una absolución.
También plantea una deuda que continúa tras recuperar la libertad: reparar el daño y ayudar a reconstruir la vida después del encierro.
Prisión preventiva y absolución: más de 100 días de encierro
¿Qué le dice sobre el sistema penal que personas puedan pasar más de 100 días en prisión preventiva y luego fueron encontradas inocentes?
Pablo Aranda: Es motivo de preocupación, evidentemente.
La investigación penal tiene como límite máximo, en la ley, dos años, y en el caso de los adolescentes, seis meses.
Por lo tanto, eventualmente una prisión preventiva, en el caso de los adultos, o una internación provisoria, en el caso de los adolescentes, podría extenderse por ese tiempo sin infringir ninguna normativa.
Sin embargo, el hecho de estar privado de libertad por más de 100 días para después salir absuelto es una brutalidad o una aberración del sistema.
Lo lógico sería que la prisión preventiva se utilizara en casos absolutamente graves, donde después una persona, al momento de ser condenada, debiese cumplir una pena privativa de libertad, es decir, mantenerse en encierro.
Porque, de lo contrario, la medida cautelar termina siendo desproporcionada en comparación con la resolución final de la causa.
Desde su experiencia en Proyecto Inocentes, ¿qué elementos suelen repetirse en los casos de personas que tuvieron largos periodos en prisión preventiva y luego sean encontrados inocentes?
Errores investigativos: las falencias al inicio de una causa
En los casos de Proyecto Inocentes, ¿dónde suelen detectarse las principales falencias investigativas?
Pablo Aranda: Normalmente son al inicio de las causas, cuando existen investigaciones sesgadas o cuando hay un sospechoso predeterminado y no se consideran otras teorías alternativas de investigación por parte del fiscal.
También ocurre cuando los funcionarios policiales tienen una teoría previa de cómo habría ocurrido el delito y no se abren a otros elementos.
Que la propia investigación va entregando, como nuevos testigos o líneas alternativas de investigación.
Y también suele ocurrir cuando estos elementos se conjugan con una actividad más pasiva por parte de la defensa.
Las demoras que prolongan la prisión preventiva
¿Qué factores suelen influir en que una prisión preventiva se prolongue más del tiempo razonable?
Pablo Aranda: Normalmente son factores relacionados con las dificultades de investigación.
Hay medidas cautelares de prisión preventiva, por ejemplo, en casos de droga, que suelen extenderse debido a la imposibilidad de que lleguen oportunamente los exámenes de las drogas.
Porque se recurre a otras instituciones que no tienen los mismos recursos ni la misma dotación que tienen las instituciones del sector justicia.
Entonces, por ejemplo, el Instituto de Salud Pública no puede emitir, al mismo tiempo que van ingresando personas por delitos de droga, todos los informes necesarios, y eso va retardando el proceso.
También hay temas de agenda, de gestión de los tribunales y de los intervinientes, que obligan a solicitar nuevos días y horas para las audiencias, y esto va ralentizando las causas.
Hoy en día las causas duran más que hace diez años. Se están demorando más y, por lo tanto, la prisión preventiva suele extenderse durante más tiempo.
También han existido otras situaciones derivadas de modificaciones legales, donde el aumento de penas impide, por ejemplo, arribar a algunos procedimientos abreviados, donde antiguamente una persona aceptaba responsabilidad y era condenada.
Como esa rebaja de pena ya no existe en ciertos casos, se está yendo a juicio oral, y eso alarga finalmente el proceso.
¿Cree que el sistema judicial chileno tiene los suficientes medios para reparar los daños o darse cuenta durante el proceso de personas que están en prisión preventiva y efectivamente son inocentes?
Reparar el daño: la deuda después del encierro
Después de haber trabajado años en Proyecto Inocentes y conocer a la gente que está detrás de esto, ¿cuál cree usted que es la principal deuda que tiene el sistema judicial con las personas que pasaron tiempo en prisión preventiva y no eran culpables?
Pablo Aranda: Yo creo que lo más doloroso es que el Estado no reconozca el error.
Las personas persiguen mucho más una reparación, pero esa reparación es difícil.
Es muy difícil reparar el tiempo que una persona pasó privada de libertad.
Y esa reparación no pasa solamente por lo monetario, que de hecho en algunos casos ni siquiera es lo más importante.
La verdadera reparación tiene que ver con recuperar la dignidad, volver a sentirse útil en la sociedad y evitar la discriminación.
Las personas que tienen un prontuario penal o una pasada por el sistema penal suelen tener problemas para encontrar empleo, enfrentar problemas sociales o incluso procesos de disolución familiar.
Yo creo que eso es lo más complejo.
Que una persona que pasó injustamente por el sistema penal pueda volver a tener una vida relativamente normal.
Esa es una deuda que tenemos, sin duda.
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